El edadismo afecta más a quienes tienen baja escolaridad o de menos ingresos. Imagen de referencia.
El edadismo afecta más a quienes tienen baja escolaridad o de menos ingresos. Imagen de referencia.
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Cortesía UNAL

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Edadismo: un problema de salud pública que genera aislamiento social

Estudio revela que la discriminación por la edad no afecta a todos por igual en Colombia. Factores como pobreza y poca educación aumentan la vulnerabilidad.

El edadismo es un problema de salud pública que genera aislamiento social y que podría traducirse en depresión para quienes lo padecen.

Este fue el concepto entregado por el profesor investigador de la Universidad de la Costa, Juan Manuel Anaya, sobre la discriminación por la edad en Colombia.

El experto participó, en nombre de la institución, en la Encuesta Nacional de Edadismo 2026, que se realizó en conjunto con la Academia Nacional de Medicina de Colombia y la Universidad de Pamplona.

Sostuvo que el edadismo tiene una carga en materia de salud que nunca había sido medible en el país. Indicó que es un problema que afecta a toda la sociedad y la evidencia de ello ya está contenida en los resultados de este análisis.

“La discriminación por la edad, ya sea hacia los jóvenes o los adultos, y en particular hacia los adultos mayores, genera aislamiento social. La persona discriminada se aísla. Este aislamiento conlleva a la soledad, y la soledad a la depresión”, explicó.

El estudio revela que el edadismo no afecta a todos por igual en Colombia. Factores como pobreza y poca educación aumentan la vulnerabilidad de las personas en este tipo de conductas.

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La encuesta se realizó a 3.920 personas presentes en todas las regiones del país, con un promedio de edad de 44,2 años. El 55,8% de los encuestados trabajaba y el 33,9% era soltero.

Los resultados mostraron que las personas mayores con menor nivel educativo, bajos ingresos o en condición de pobreza son más susceptibles de experimentar discriminación por la edad.

Mientras que las personas mayores que trabajaban y estudiaban, reportaron menos edadismo.

El investigador destacó aspectos que el edadismo permea como el sector salud, social, laboral e institucional.

Precisó que, en materia de salud, muchas personas adultas que consultan son discriminadas por su edad.

“Cuando una persona presenta un dolor articular o algún problema de salud, muchos colegas los atienden y piensan que puede tratarse de problemas que son propios de la vejez, cosa que no es así”, ejemplificó Anaya.

Asimismo, aseguró que a personas pensionadas les resulta más difícil emprender o acceder a beneficios financieros mediante préstamos u otras alternativas.

Dijo que la edad de pensión debe reconsiderarse; es decir, aumentarla.

“Las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62. Pero, a esa edad, tanto mujeres como hombres, todavía estamos muy activos desde el punto de vista laboral (…) esto es importante porque el reflejo que uno tiene cuando habla de pensión es que, a partir del día en que las personas se pensionan, pasan a ser un cero a la izquierda y dejan de ser productivas para la sociedad. Y eso no es así”, argumentó.

Otro aspecto que destacó Anaya, desde el punto de vista social, es que la encuesta reveló que las personas que son más edadistas, es decir, que discriminan a otros por su edad, son aquellas que previamente han sufrido edadismo.

“Este resultado revela un mecanismo de reproducción socio-conductual: quienes han sido objeto de discriminación por edad presentan una mayor propensión a internalizar o replicar dichos sesgos, alimentando un ciclo de retroalimentación donde la victimización sufrida incrementa la predisposición a ejercer violencia simbólica o relacional hacia otros”, se lee en el documento de la Encuesta.

Urgen políticas públicas

Juan Manuel Anaya, profesor investigador de la Universidad de la Costa, manifestó que se requieren acciones gubernamentales focalizadas que aborden la “sesgada percepción actitudinal”, los “círculos de reproducción del sesgo” y la “vulnerabilidad acelerada en la vejez avanzada”.  

“Los resultados señalan áreas concretas para la acción, como la inclusión digital, la atención en servicios públicos y privados, y las políticas institucionales. También muestran la necesidad de enfocarse en los grupos con menos educación e ingresos”, puntualizó.  

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